Diario Córdoba, 11-12-2014
Durante los meses largos de debate sobre quién debe ostentar la titularidad de la Mezquita-Catedral, ha surgido una cuestión paralela: la del uso y abuso de la libertad de expresión.
Los autores que han expuesto sus argumentos sobre el título de dominio del monumento lo han hecho, en general, con respeto a las posturas mantenidas por sus oponentes, sin descalificaciones ni insultos. Tanto los que consideran que la inmatriculación realizada por la Iglesia Católica en 2006 es legal y aun legítima, como los que entienden que esa inmatriculación se ha basado en normas inconstitucionales y el monumento debiera pasar a dominio público o, lo que es lo mismo, ser gestionado por la Administración.
La cuestión paralela a la que nos referimos ha despertado menos atención, habiendo pasado en muchos casos desapercibida. En nuestra opinión, representa, sin embargo, un tema candente en la medida en que obliga a reflexionar sobre un viejo problema que en nuestros días está alcanzando una nueva significación por la irrupción de las llamadas redes sociales: el de la confrontación de derechos cuando se expresan las opiniones y comentarios a través de estas novedosas vías de comunicación.
En la década de 1980 el Tribunal Constitucional fijó ya unos criterios cuando, en nombre de la libertad de expresión, se incidía en otros valores constitucionales, como el honor, la intimidad e incluso la integridad moral. En ese tiempo, el máximo intérprete de la Constitución tendió a darle una clara relevancia a la libertad de expresión, siquiera fuera para compensar sus déficits durante la época de Franco. Llegó a conectarla a la misma idea de democracia, pues sin ella el sistema político no podría considerarse democrático. Al mismo tiempo, fue haciendo depender la resolución de los conflictos entre derechos de criterios tales como la formación de la opinión pública, la significación social del personaje aludido o la relevancia cultural del texto donde se contenían los comentarios. En todo caso, rechazó que hubiera un derecho al insulto para expresar las opiniones o a la utilización de epítetos desmedidos en relación a las circunstancias concretas. En estos supuestos se podía llegar a incurrir en una infracción penal (injurias, amenazas, descubrimiento y revelación de secretos).
Durante ese tiempo, el problema de los límites de la libertad de expresión se planteaba respecto a los medios de comunicación convencionales (prensa, radio, televisión). En ellos intervenía poca gente: los periodistas y los articulistas y tertulianos de esos medios. Ahora, sin embargo, las redes sociales han creado la posibilidad de una participación muy amplia, sin necesidad de adscripción profesional alguna. Cualquiera puede emitir sus opiniones y cualquiera, en principio, puede mandar un comentario y ser recogido en la red social correspondiente, sin el más mínimo control sobre su contenido.
No vamos a negar el útil servicio que las redes sociales han cumplido en ocasiones a todos nosotros. Pero, como consecuencia de la discusión sobre la titularidad del monumento más emblemático de Córdoba, ha surgido una especie de apaleamiento contra el que opina diferente. Y aquí es donde vemos la utilización insidiosa de estos medios de comunicación.
En cierta página de internet se ha puesto en la diana de las iras a uno de los más activos representantes de la aconfesionalidad de la joya cordobesa, nuestro compañero de Facultad Antonio Manuel Rodríguez Ramos. Aunque la Plataforma cívica en la que está integrado no se opone en absoluto al culto litúrgico católico, nuestro compañero es tildado de yihadista. El profesor aparece descalificado también como alguien "que no sabe Derecho", cuando no por casualidad casi todos los años es elegido padrino de las distintas promociones que van terminando la carrera... de Derecho. En algunos posts se crea la impresión de que sus pasos son seguidos por unos detectives de ocasión: si va a Tánger, si va a Navarra... Pero lo peor son las mismas amenazas contra la vida del escritor. "¿Sabéis lo que hacen en el Estado islámico a los vendidos y traidores? --se pregunta uno de los tweeteros--. Pues... eso. Reciprocidad". "¡Este tío al paredón!" --sostiene categóricamente otro--.
No hace falta extenderse más. Este es el modo que tienen algunos participantes en esa página de internet de defender sus posiciones. ¡Déjense de insultos e imprecaciones del peor gusto! En las Facultades de Derecho hay suficientes foros y espacios para el diálogo y el debate. Sean críticos argumentalmente con el que piensa diferente, pero respeten siempre su dignidad como persona.
* Catedrático de la Universidad de Córdoba. Firma también este artículo un grupo de 10 profesores/as y miembros del PAS de la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales de Córdoba (Horacio Roldán, Annaick Fernández, Aurora Toledo, Manuel Izquierdo, Rafael Prieto, Alejandro Ruiz-Huerta, M Carmen Fernández, M José Lucio, Octavio Salazar y Amelia Sanchís)
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